Exposición de Motivos del Código de Convivencia: 2. Poder de Policía

Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba
Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba
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2. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PODER DE POLICÍA.

Con respecto a la competencia material de los Municipios, la Constitución de Córdoba regula la importante temática en el art. 186 en 14 incisos, sobre la base de perfeccionar y actualizar el anterior Art. 157 del texto constitucional de 1923, que fuera una de las normas más ponderadas. Por razones de brevedad, no efectuaremos una consideración de cada uno de ellos. Estimamos que este acápite fundamental del régimen municipal ha sido regulado en el texto constitucional con toda corrección, pues se ha utilizado el mejor de los sistemas de determinación de competencias conocidos en el Derecho comparado: o sea el mixto, que importa una enunciación de competencias seguida finalmente de una cláusula general.

Se advierte la prolijidad con que se distinguen las competencias: enumeradas, en los primeros trece incisos y no enumeradas, en el inc. 14, que dice: “Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado“.

Dentro de las competencias enumeradas también se distinguen las propias, las concurrentes y las delegadas, Las propias, mencionadas en los primeros doce incisos; las concurrentes, especialmente en el inc. 7 al citarse la salubridad, la asistencia social, la protección del medio ambiente, la educación, la cultura y el turismo, donde hay concurrencia de facultades con los gobiernos Federal y Provincial y las delegadas que emergen del inc 13 al expresar: “Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial“.

A su vez, las competencias propias admiten otra clasificación en políticas, prescriptas en los incs. 1 y 2; financieras, en los incs. 3 y 4 y administrativas, desde el inc. 5 al 12, aunque esto no significa negar el substractum político que se encuentra en la esencia de la institución municipal y en sus decisiones tanto financieras como administrativas. Esta amplia competencia municipal reafirma los grandes principios de la naturaleza sociológica y de la autonomía local, pues de la misma surgen facultades de legislación, de jurisdicción y de administración que caracterizan un auténtico gobierno destinado a alcanzar el bien común de la sociedad local.

El art. 187 se refiere al Régimen sancionatorio y Tribunal de Faltas de la siguiente forma: “Las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas que en consecuencia se dicten pueden autorizar a las autoridades para imponer multas; disponer la demolición de construcciones, clausura y desalojo de los inmuebles; secuestro, decomiso o destrucción de objetos, para lo cual las Municipalidades pueden requerir el auxilio de la fuerza pública y recabar órdenes de allanamiento. También pueden imponer sanciones de arresto de hasta quince días, con recurso judicial suficiente y efectos suspensivos ante el juez que la ley determine. Las disposiciones orgánicas pueden establecer Tribunales de Faltas”.

Con esta norma la Constitución completa las bases del ejercicio del poder de policía municipal al referirse a los aspectos represivos o sancionatorios, ya que los de carácter preventivo, son regulados por el artículo anterior, en los incs.7, que menciona las distintas materias de competencia local y en el 9, que expresa: “Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas”. El constituyente también ha rescatado el Art. 158 anteriormente vigente, pero le ha introducido algunas modificaciones que lo precisan y perfeccionan.

En general se han mantenido las mismas sanciones, pero con dos correcciones: la ampliación del secuestro, destrucción o decomiso, puesto que ya no existe la restricción que los vinculaba únicamente a “objetos o mercaderías notoriamente nocivos“, como decía el Art. 158; y la limitación del arresto, que solo puede ser impuesto como sanción hasta quince días, mientras que antes su límite era diferido a la Ley 3373, que lo fijó en 90 días. Asimismo por ser el arresto la sanción relacionada con el valor de la libertad personal, queda rodeada de otras garantías: recurso judicial suficiente y efectos suspensivos ante el juez que la ley determine. De todas maneras, adelantamos que no está prevista actualmente en nuestra legislación local la aplicación de dicha sanción, criterio que hemos mantenido en este Anteproyecto.

El último párrafo del artículo tiene gran importancia pues constitucionaliza los Tribunales de Faltas Municipales, que ya tenían existencia en varios Municipios de la Provincia, en base a lo dispuesto por la Ley Orgánica Nº 3373. Se trató de un incuestionable adelanto en el ejercicio del poder de policía sancionador, vinculado a la idea de la eficacia, a la juridización de la administración municipal y a la vigencia del Estado de Derecho.

De este resumido análisis emerge con claridad la naturaleza de la autonomía municipal reconocida en las Leyes Supremas de la Nación y de la Provincia de Córdoba y también en la propia Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba. De dicha autonomía se desprende la amplia competencia material que la Constitución de la Provincia reconoce a sus municipios, donde se destaca, lo vinculado al poder de policía. El poder de policía es -según la conocida definición de Joaquín V.González– “la potestad de restringir la libertad de los individuos, con el fin de conservar la armonía de todos, establecer reglas de buena conducta, calculadas para evitar conflicto entre ellos”(2) y para Miguel S. Marienhoff es “una potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los derechos constitucionales de los habitantes. Dicho poder, dadas las limitaciones que apareja en la esfera jurídica de los habitantes del país, es una atribución perteneciente al órgano legislativo de gobierno, único con competencia para establecer tales limitaciones”(3).

Asimismo, en los “New York v. Miln”, 11 Pet. 102, 139, el Presidente de la Corte Suprema de EEUU, Mr. Taney, decía: “¿Pero qué son los poderes de policía del Estado? Ellos son nada más ni menos que los poderes de gobierno inherentes a toda soberanía en la extensión de sus dominios. Y si un Estado sanciona leyes de cuarentena, o para castigar faltas, o para establecer Cortes de justicia, o requiriendo que ciertos instrumentos sean registrados, o para regular el comercio dentro de sus propios límites, en cualquier caso él ejerce el mismo poder; es decir, el poder de soberanía, el poder de gobernar hombres y cosas dentro de los límites de su dominio. Es en virtud de este poder que él legisla; y su autoridad para hacer regulaciones del comercio es tan absoluta como lo es su poder de sancionar leyes sobre la salud, excepto en cuanto ha sido limitado por la Constitución Federal (5 How 405)“.

El poder de policía –ahora constitucionalizado explícitamente en el art. 75 inc. 30 de la Ley Suprema de la Nación luego de la reforma de 1994-corresponde tanto al Gobierno Federal, como a las Provincias, Municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea a los cuatro órdenes gubernamentales de la federación argentina, en sus respectivas esferas de competencias, con la base del art. 14 y las limitaciones prescriptas en los arts. 28 y 19 de la Constitución Nacional y con respeto de la teoría de la “razonabilidad” acuñada por nuestra Corte Suprema de Justicia.

El poder de policía tiene dos conceptos: restringido y amplio. El primero, propio de la doctrina europea, limita los objetivos del mismo a asegurar la seguridad, salubridad y moralidad, mientras que el segundo, propio de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas, agrega a los objetivos mencionados el del bienestar general.

Para terminar con estos aspectos conceptuales en los que no nos podemos detener, señalamos también que el poder de policía se clasifica en preventivo, reglamentario y represivo, con distintas competencias tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo según los casos, y eventualmente, con la intervención del Poder Judicial en la última etapa, para asegurar el respeto de los principios constitucionales.

Dijo el Alto Tribunal Federal: “La administración, el gobierno o el régimen municipal que los constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (art. 5) consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto (González, “Manual de la Constitución Argentina”, N• 675, pág. 685) y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas, pues aquéllas
sin estas son propias de la moral y no del derecho”(4).

Asimismo, y en relación específica al poder de policía de salud pública, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uno de sus primeros y más renombrados Fallos (“Saladeristas de Barracas c. Provincia de Buenos Aires”), que no podían invocarse derechos adquiridos por un permiso otorgado, “…no sólo porque el se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con uso que haga de su propiedad”(5).

En cuanto a las materias en que se ejercita el poder de policía por la Municipalidad, Alcides Greca señalaba: costumbres, tránsito, publicidad, pesas y medidas, propiedad, sanitaria, atmosférica y mortuoria.(6)

La Constitución Provincial ha reconocido ampliamente la competencia municipal en la materia en los arts. 186 en su inciso 7 y 187 antes citados. A su vez, la Carta Orgánica Municipal de Córdoba hizo lo propio en sus arts. 64 inc. 24 y concordantes, donde menciona expresamente entre las facultades del Concejo Deliberante la sanción de los Códigos Municipal de Faltas, además de los de Espectáculos Públicos, del Ambiente, de Edificación y de Tránsito. Por su parte, entre las atribuciones del Departamento Ejecutivo, el art. 86 inc. 26 se refiere a las del poder de policía. A ello se suman los arts. 98 a 103 de la Carta, destinados a los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas.

Asimismo, existe una amplia y profusa legislación local en materia de poder de policía en la Municipalidad de Córdoba, consistente en Ordenanzas y otras normas inferiores, a la que no nos referiremos por cuestión de brevedad. En definitiva, resulta incuestionable la competencia municipal en esta materia del poder del policía, en sus diversos aspectos legislativos, preventivos y sancionadores. También es evidente que la Municipalidad de Córdoba desde hace largo tiempo cuenta con una legislación de avanzada en la materia, que abarca los aspectos antes citados. Ello no obsta la necesidad de reformas que se advierte en torno al vigente Código de Faltas, tal como se proyecta en este Anteproyecto redactado por la Comisión oportunamente designada por el D.E. Municipal.

 


 

(2) Joaquín V. González, “Manual de la Constitución Argentina”, Buenos Aires, pág. 101.
(3) Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Tomo 4, pág. 5l4.
(4) Fallos, Tomo l56, pág. 323 del l2 de febrero de l930 in re “Sebastián Cartagenova”.
(5) Ver Fallos CSJN 31:273.
(6) Alcides Greca, “Derecho y Ciencia de la Administración Municipal”, Tomo II, págs. 161/347.